Hacia el desarrollo integral de las ciudades bolivianas

El país ya cuenta con una Política de Ciudades para el desarrollo urbano, un instrumento estratégico que identifica y propone políticas públicas para atender los grandes desafíos y aprovechar las oportunidades que plantea el proceso de urbanización.

Por Ana Verónica Muriel

Bolivia es un país eminentemente urbano, donde siete de cada diez bolivianos viven en el área urbana, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) al año 2018.

En octubre pasado el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, junto a ONU-Habitat Bolivia y la Embajada de Suecia, presentaron la política urbana nacional denominada Política de Ciudades, que guiará el desarrollo integral y equilibrado del conjunto del país y de cada una de sus urbes y territorios.

“Latinoamérica es la región del mundo más urbanizada. Si bien Bolivia ha entrado en ese proceso un par de décadas casi más tarde que el resto de los países latinoamericanos, lo ha hecho de manera acelerada (…) ha sido también más pronunciado en términos porcentuales en las ciudades intermedias”, manifestó Sergio Blanco, coordinador de ONU-Habitat en Bolivia a Construmarket.

Desde que Blanco asumió su posición en mayo de 2018, ha estado principalmente a cargo del apoyo que brinda la Agencia al Gobierno de Bolivia para la construcción de una política nacional de ciudades. Es arquitecto y urbanista, y cuenta con casi 20 años de experiencia en cooperación internacional en posiciones tanto técnicas como gerenciales.

«El país necesita avanzar hacia la recuperación socioeconómica, buena parte de la solución debe venir desde lo local y esta Política lo que pretende es rayar la cancha para que ese desarrollo pueda tener un impacto a largo plazo».

SERGIO BLANCO


CRECIMIENTO DE BAJA DENSIDAD
Una característica del desarrollo urbano en las ciudades bolivianas es que ha sido de muy baja densidad y escasamente consolidado. Hasta inicios de los años 90 el proceso migratorio se concentró en las capitales de departamento y la ciudad de El Alto, pero en lo que va del siglo XXI la tendencia de crecimiento se ha centrado en las ciudades intermedias y las periféricas a las tres áreas metropolitanas, de acuerdo con el documento Política de Ciudades.

El crecimiento de las ciudades en las últimas décadas se ha caracterizado por ser muy superior al vegetativo de la población y, por tanto, responde más a la inversión y especulación inmobiliaria que a reales necesidades habitacionales.

Ante la debilidad institucional para planificar y gestionar el territorio, esta expansión se ha producido fundamentalmente a través de la proliferación de asentamientos irregulares, generando un tejido urbano de baja densidad, habitualmente monofuncional por su uso casi exclusivo habitacional, carente de seguridad en la tenencia del suelo, desarticulado y desprovisto de servicios.

“Es muy caro ser pobre en algunas ciudades y entonces esto es un freno para el desarrollo no solamente de la población sino para el país en general”, arguyó Blanco.

INSTRUMENTO ESTRATÉGICO
Ante esta realidad, la Política de Ciudades es el instrumento estratégico de orientación del desarrollo urbano, que identifica y propone políticas públicas para atender los grandes desafíos y aprovechar las oportunidades que plantea el proceso de urbanización con la aspiración de contribuir a la diversificación del modelo económico, profundizar la reducción de desigualdades y asegurar la sustentabilidad.

Esta política de Estado se despliega en tres escalas de aplicación: intraurbana, urbano-territorial y urbano-nacional; tiene un abordaje sistémico ya que plantea objetivos para lograr ciudades inclusivas, ciudades saludables y con calidad de vida, ciudades productivas, ciudades ordenadas y ciudades sustentables y resilientes, además de la gobernanza de la ciudad.

Se proyecta en un horizonte temporal de 15 años, o tres períodos legislativos, coincidiendo con las rondas del Sistema de Planificación Integral del Estado, así como con los dos grandes hitos en las agendas internacionales: la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 y la IV Conferencia de Naciones Unidades sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de 2036.

De lo que se trata, según Blanco, es de un instrumento estratégico de política de Estado en su más amplia dimensión, es decir tomando en cuenta los distintos niveles de la administración pública pero también de la sociedad civil y del sector privado, porque lo que pretende es establecer esas condiciones para que el país aproveche la dinámica de urbanización para seguir creciendo, desarrollándose y sobre todo reduciendo las brechas que se han podido generar en el pasado, siendo una oportunidad para mejorar la equidad del desarrollo.

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