Por Oralia Ramírez Banzer I Ing. Civil
Debido a la paralización obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, para mantener en cuarentena a la población, con el objeto de mitigar y evitar los contagios masivos y fatalidades que ocasiona contraer el Covid-19, todas las obras públicas del país fueron paralizadas o suspendidas total y temporalmente, en acatamiento a tal disposición.
Ante la urgente necesidad de reiniciar los trabajos en las obras, con la consecuente repercusión en la administración técnico – contractual que atañe a cada contrato de obra pública, las empresas Contratistas, Supervisoras y de Fiscalización de obras, conjuntamente con la Entidad contratante, necesitarán realizar un análisis exhaustivo de la situación técnica – contractual, que sin lugar a dudas por el bien de todos, deberán intervenir, no solo ingenieros y ambientalistas, sino que también se deberá contar con servicios de asesores jurídicos para encontrar la mejor solución a cada situación.
Se entiende que cada contrato de construcción de obra suscrito entre las partes contratantes está definido por una serie de documentos que forman parte indisoluble del mismo (DBC- ET- Diseños, Propuesta, etc.), por lo que cada obra contratada tiene un presupuesto, un diseño final, volúmenes e ítems de obra para ser ejecutados en un plazo estipulado en el contrato y/o sus posteriores modificaciones, y conforme al cronograma físicofinanciero de la obra.
Por la experiencia de trabajo en varios y diversos proyectos, tanto como supervisora, ejecutora, fiscalizadora, en administración técnico contractual de contratos de construcción y financiamiento externo, he identificado que hay mucho por conceptualizar debidamente en importantes aspectos (técnico- económico – legal – financiamiento), que son esenciales durante la ejecución de cada Proyecto, desde la primera fase, la de elaboración del Diseño Final, ya que este importantísimo documento luego debe ser plenamente aplicable en la etapa de ejecución de los trabajos en la obra, respecto de lo cual se realizan algunas necesarias puntualizaciones considerando la situación actual de las obras en ejecución.
Un primer aspecto a evaluar es el plazo de ejecución de la obra que se encuentra en paralización total temporal, lo que ha hecho inviable la ejecución de los trabajos programados, plazo que, en diversos casos con el reinicio de obra, podría estar por concluir por lo que es absolutamente urgente que, conforme a Contrato, la Supervisión evalúe el plazo de suspensión total temporal para hacer efectiva la reposición de dicho plazo, mediante la emisión de una Orden de Cambio.
Sin embargo, esta reposición de plazo, no es la solución final al verdadero plazo de obra, ya que debiendo cumplirse la normativa de previsión y protección Covid-19, los trabajos deben realizarse bajo nueva modalidad que afecta directamente a los rendimientos previstos en la propuesta y por ende en el Contrato.
Al momento del reinicio de los trabajos en cada obra, los avances físicos y financieros estarán desfasados, por lo que resulta necesario reformular cada proyecto en particular.
Segundo aspecto a evaluar es el presupuesto de cada obra, por cuanto debe ser reformulado, ya que se debe incluir un nuevo componente, el ítem referido a la actividad de previsión y protección Covid-19, que estará detallado en el Protocolo de Bioseguridad a ser registrado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para evitar el riesgo de contagio del coronavirus.
Esta nueva actividad incidirá también en los servicios de supervisión y fiscalización, toda vez que se tendrá que cumplir con lo estipulado en la Resolución Multi Ministerial N° 001/2020 y su reglamento.
Tercer aspecto a ser evaluado es la estructura del financiamiento externo de las obras y las contrapartidas locales, para revisar si son suficientes los fondos, para solventar las modificaciones contractuales, que surgirán producto de la reformulación del presupuesto de cada obra.
Es un tema muy álgido, debido a la situación crítica que está atravesando el país, con una economía afectada y deprimida por el azote agresivo del Covid-19 y sus consecuencias nefastas en la economía nacional.
Básicamente los tres aspectos someramente expuestos y que ameritan mayor profundidad de análisis, junto con otros temas que emergerán una vez reiniciadas las obras y los servicios, deberán ser examinados exhaustivamente, por los involucrados (contratista, supervisión, fiscalización y el Ente contratante), para ir dando soluciones objetivas y proactivas a cada tema en particular, de manera tal que no se conviertan en un problema para la ejecución de cada obra y el cumplimiento del objeto de cada contrato.
Por lo que podemos concluir que la presencia del Covid-19 en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia tiene efectos directos en la ejecución de las obras públicas y privadas, por cuanto tiene incidencias importantes en la administración técnica – contractual a los contratos, que se verán reflejados en necesarias ampliaciones de plazos, modificaciones que incrementarán el presupuesto de las obras, y a pesar de las previsiones, los riesgos que conlleva la reactivación de las actividades económicas en el sector de la construcción, por lo que se requiere de mentes claras que analicen con efectividad y eficiencia esta situación para lograr buenos resultados económicos en el sector.
PERFIL PROFESIONAL
Oralia Ramírez Banzer es Ingeniera Civil, Fundación Universidad de la Región de Blumenau, FURB, Estado de Santa Catarina, República Federativa del Brasil, año 1984. Certificación Internacional en Administración y Evaluación de Proyectos UPSA-BID 2003. Past Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, 1998-2000. Treinta y seis años de trabajo en servicios de supervisión, fiscalización y ejecución de obras, gerenciamiento técnico contractual y asesoramiento a empresas privadas. Siete años de experiencia en Organismo Internacional en el Área de Operaciones de Préstamos -FONPLATA. Principales proyectos: Doble Vía Segundo Anillo, Doble Vía Santa Cruz – Warnes, Doble Vía Virgen de Cotoca, Cuarto Anillo Vía Interna (San Aurelio – Banzer), Doble vía Warnes – Montero, Doble Vía Santa Cruz- Cotoca, Carretera Doble Vía Santa Cruz – Warnes lado Este y supervisión de operaciones de préstamos de los países miembros de la Cuenca del Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).
