La situación que atraviesa el mundo como consecuencia de la pandemia del Coronavirus Covid-19 declarada por la OMS, ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de aislamiento social como la cuarentena, lo que provoca efectos sobre el funcionamiento de la economía por la disminución radical de la actividad.
Esta situación de recesión se agravará a medida que las decisiones de aislamiento social se mantengan en el tiempo, lo que parece inevitable, lo que va a obligar al Gobierno Nacional a adoptar medidas extraordinarias de apoyo para evitar el colapso del sector real de la economía.
La orientación debe ser proteger y sostener el tejido empresarial nacional en las mejores condiciones posibles para que en el momento de salir de la emergencia sanitaria la economía pueda alcanzar un nivel óptimo de crecimiento en el tiempo más breve posible.
El sector de la construcción es fundamental para el funcionamiento de la economía por los encadenamientos que presenta con otros 17 subsectores económicos y por la cantidad de empleo que genera (480.000 empleos directos y efectos indirectos sobre una población de 1.500.000 personas), lo que es fundamental en el proceso de recuperación por sus efectos multiplicadores y su aporte a la demanda agregada por el pago de salarios y consumo de insumos.
Por lo tanto, es necesario un Plan de Emergencia para el Sector de la Construcción que en el primer momento preserve la estructura productiva fortaleciendo a las empresas y mejorando su situación patrimonial y flujos de caja, para que se puedan mantener los niveles de empleo y que una vez fuera de la emergencia sanitaria se lance un Plan Masivo de Inversión Pública centrado en proyectos de corta duración y alta generación de empleo que permita la distribución masiva de recursos en la economía y traccione a la recuperación general de la misma.
De esta forma Bolivia saldrá lo antes posible de esta crisis superando la recesión en la que entrará en el corto plazo y recuperando una senda sostenible de crecimiento en el largo plazo.
Las medidas extraordinarias que deberá adoptar el Gobierno deben ser muy agresivas tanto en materia de postergaciones de recaudaciones tributarias como de inyectar recursos a la economía, primero a los grupos poblacionales vulnerables para que afronten la emergencia en mejores condiciones y después a un programa masivo de inversiones públicas, por lo que la prudencia macroeconómica debe dejarse de lado y aprovechar las herramientas favorables que nos entrega la coyuntura que son, principalmente, un nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) de 6.800 millones de dólares y una muy baja inflación del 1.47% en 2019, a lo que se debe añadir el relativamente bajo endeudamiento externo como porcentaje del PIB que nos facilita la posibilidad de gestionar recursos externos.
El Plan de Emergencia plantea las siguientes acciones:
- Fortalecer patrimonialmente el tejido empresarial nacional de la construcción mediante el pago de todas las Planillas de Avance de Obra existentes y de las que se generen al hacer un cálculo al 31 de marzo de 2020 de los avances de todos los proyectos en ejecución para que se cancelen hasta el 15 de mayo de 2020, lo que otorgará a las empresas liquidez con el compromiso de mantener los trabajadores que tienen en las planillas trimestrales que se presentan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
- En materia tributaria se debe postergar el pago del IUE de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 con descuentos a los que lo hagan antes de esa fecha, y postergar las liquidaciones y presentaciones de formularios del IVA e IT de los meses de marzo a agosto hasta el 30 de septiembre de 2020, lo que permitirá a las empresas tener un mejor flujo de caja hasta volver a generar ingresos en el proceso de recuperación.
- La medida anterior se complementa con la postergación del pago de las cuotas de los créditos asumidos con el sistema de intermediación financiera que se debían cancelar entre marzo y julio, para que se trasladen al final del plazo del crédito establecido en el correspondiente contrato sin afectar la calificación del cliente.
- Moderación en los costos productivos, para lo que se debe establecer una senda de moderación salarial hasta que la economía vuelva a crecer, por lo que se propone que el incremento salarial del año 2020 sea de 1.47% equivalente a la inflación de 2019 para que los trabajadores tampoco pierdan poder adquisitivo.
- La caída de ingresos fiscales se va a acentuar y profundizar en los niveles subnacionales, por lo que es fundamental establecer una línea de liquidez a Gobernaciones y Gobiernos Municipales para que suplan la disminución de ingresos y les permita tener las condiciones de seguir manteniendo la prestación de servicios públicos y generando trabajo mediante su programa de inversión.
- Al existir una cuarentena total dictada por un DS., todas las obras quedaron paralizadas por lo que corresponde que las entidades contratantes amparados por la normativa de contrataciones e incluida en los contratos se hagan cargo de los gastos que el contratista tenga por mantener y conservar la obra en el estado que se encuentre en el momento de la paralización y que deberá ser reembolsado en el momento de reinicio de las actividades.
- Una vez superada la emergencia sanitaria se debe poner en marcha un Plan Masivo de Inversión Pública que se enfoque en proyectos de corta duración y elevada contratación de mano de obra llevado adelante por las empresas privadas, que permita generar un shock de demanda con la distribución de salarios y consumo de insumos que arrastre al resto de la economía que sea financiado mediante un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB) al Tesoro General de la Nación (TGN) por 10.000 millones de Bolivianos a ser pagado a 20 años plazo y sin intereses.
Estas son las principales medidas que alberga la propuesta de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y que será puesta en conocimiento de las autoridades del Gobierno nacional a través de los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Desarrollo Productivo y Economía Plural; Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Planificación del Desarrollo.
De aplicarse, la institución que aglutina a las empresas constructoras cruceñas asegura que se convertirá en uno de los sustentos que hagan que Bolivia vuelva a crecer con fuerza en un futuro cercano.
