El deterioro de las carreteras afecta la competitividad. En Bolivia, el reto es una normativa que brinde seguridad jurídica y regule este modelo.
El mal estado de las carreteras no solo encarece el transporte y limita la competitividad, también afecta la productividad del campo y la calidad de vida de los ciudadanos. En países vecinos, las alianzas público-privadas (APP) han permitido superar estas barreras con inversiones sostenidas y obras de calidad. En Bolivia, el reto es aprobar una normativa que dé seguridad jurídica y marque el inicio de un modelo de “ganar-ganar” entre Estado y sector privado, según Efrain Rodríguez, experto e impulsor de las APP.
Los problemas de las vías en Bolivia se sienten a diario. El transporte de carga tarda más, se encarece y pierde competitividad frente a mercados donde los productos llegan a tiempo y en buen estado. En rutas rurales, los productores del campo enfrentan carreteras de tierra, lo que retrasa la salida de sus cosechas hacia los centros urbanos, situación que se puede contrarrestar con carreteras troncales en buen estado.
La situación no solo impacta la economía, sino también la vida de los ciudadanos. Viajes que deberían durar 10 horas, como la ruta Santa Cruz-Cochabamba, terminan extendiéndose a 12 por lluvias, derrumbes o el deterioro del camino.
En tramos como El Sillar, los pasajeros sufren demoras, riesgos de accidentes y desgaste físico. En este sentido, una carretera en buen estado no solo mejora la productividad, también garantiza seguridad y tiempo de calidad para la gente, afirma Rodríguez.
UN MODELO QUE GANA TERRENO EN LA REGIÓN
En la región, la fórmula para superar estas limitaciones ya dio resultados: las APP. Países como Colombia, Chile, Perú y Brasil llevan décadas impulsando carreteras, hospitales, sistemas de transporte masivo e incluso alumbrado público bajo este modelo. Solo en Colombia, hace tres años ya se alcanzaba la quinta generación de contratos APP, con miles de kilómetros de carreteras entregados a privados para construcción, administración y mantenimiento.
El principio es simple: mientras en Bolivia los proyectos públicos suelen adjudicarse al postor más barato —construcciones que no siempre garantizan calidad ni durabilidad—, en una APP el privado invierte su propio capital y administra el proyecto durante años.
Esto lo obliga a construir con altos estándares para evitar fallas y reducir gastos de mantenimiento. “Si un privado va a construir algo que va a tener que administrar durante todo el periodo de la alianza público-privada, ese privado va a tratar de construirlo con la mejor calidad, con lo que asegura el tiempo de vida del proyecto, porque al final él está arriesgando sus recursos para que ese modelo de negocio funcione”, explica Rodríguez.
Las ventajas son múltiples, según el experto: el Estado no necesita endeudarse, los recursos que ahorra pueden destinarse a educación y salud, y el ciudadano recibe servicios e infraestructura de mejor nivel. Además, experiencias internacionales muestran que este esquema sobrevive a gobiernos de izquierda o derecha, porque su impacto positivo trasciende coyunturas políticas.
El gran obstáculo en Bolivia es normativo. Hoy no existe una ley nacional que regule las APP ni un paraguas jurídico que brinde seguridad a los inversionistas.
Por ello, según Rodríguez, ya se trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que será presentado al próximo gobierno, con el apoyo de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo: definir reglas claras, garantizar seguridad jurídica y abrir las puertas a inversiones que permitan modernizar el país.
“Estamos rezagados frente a nuestros vecinos, pero no es tarde. Las APP no son un beneficio para el privado: son, ante todo, una herramienta para mejorar la vida del ciudadano, que es el verdadero beneficiado con carreteras expeditas, ciudades iluminadas y sistemas de transporte eficientes”, señala Rodríguez.
