El crédito de vivienda social, que desde 2013 ha otorgado créditos a poco más de 100,000 hogares, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda habitacional en el país.
Verónica Muriel C.
Pese a que el crédito de vivienda social ha beneficiado a más de 100,000 familias, el déficit habitacional en Bolivia sigue siendo alarmante, con cerca de un millón y medio de viviendas necesarias, explicó Juan Pablo Saavedra, presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios, durante el 1er Encuentro Nacional por la Vivienda Digna y Sostenible.
El evento, organizado por la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), junto a la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) y el Affordable Housing Institute (AHI), se llevó a cabo en instalaciones de la UPSA el pasado 15 de agosto.
En la oportunidad, David Smith, director del AHI, presentó un diagnóstico donde resaltó la necesidad de actualizar las políticas gubernamentales para responder a las nuevas realidades del acceso a la vivienda. Este estudio, llevado a cabo con el apoyo de la CBDI, se considera una herramienta invaluable para entender los desafíos y proponer soluciones efectivas.
La investigación sostiene que el mercado de la vivienda asequible en Bolivia se ha dejado principalmente en manos de las fuerzas del mercado, y la provisión directa de viviendas por parte del gobierno se ha limitado a los grupos vulnerables. “Esto no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, tiene una tendencia decreciente y se ha centrado en los hogares de ingresos medios y medios altos”, indica el documento.
El estudio refiere que por el lado de la oferta existen importantes cuellos de botella en la producción de viviendas en Bolivia. Las condiciones macroeconómicas, el rápido aumento de la población urbana, la elevada deuda pública, la caída de la producción de gas natural y la actual crisis del dólar, han afectado gravemente a la oferta de viviendas por parte del sector privado. Adicionalmente, existe un creciente déficit de viviendas en Bolivia de aproximadamente 30.000 viviendas al año.
Por el lado de la demanda, el principal reto es el alto nivel de informalidad y la disminución de los ingresos de los hogares. Aproximadamente el 80% de la población boliviana trabaja en el sector informal, y se ha producido una lenta recuperación de los ingresos familiares desde la pandemia.
Al respecto, el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UPSA, Víctor Hugo Limpias, expresó que “hay algunos aspectos que son muy importantes en nuestro país; me refiero a los procesos de conseguir tierras, la modificación de uso de suelo, y aprobación para la construcción, entre otros, que sirven para convertir un lote en una vivienda. Todos estos procesos son atravesados por la corrupción, que se ha convertido en un factor importante en todas las etapas del estudio, planificación, proyección y la distribución de lotes y viviendas”, y añadió que este factor debe ser atacado con asertividad, a través de “la definición de procedimientos y transparencia para reducir su impacto negativo”.
RECOMENDACIONES PARA EL DEBATE SOBRE POLÍTICA HABITACIONAL
La investigación del AHI identifica algunas recomendaciones preliminares para abrir la discusión de política habitacional y apoyar tanto al sector público como al privado en la mejora del acceso a una vivienda asequible en Bolivia:
– Vincular la inversión pública en la mejora del sector de la vivienda junto con la expansión de la economía.
– Facilitar la regularización de la tenencia y las viviendas para empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad.
– Generar sistemas informáticos interconectados y de altos estándares para el registro de propiedades.
– Optimizar los subsidios a la demanda.
– Asociarse con el sector privado en beneficio mutuo.
