La construcción fue una de las actividades económicas más afectadas por la crisis política y la pandemia de la Covid-19. Se perdieron 289.000 fuentes de empleos directos de los 500.000 que se contaba hasta 2019.
Por: Eliana Ferrufino
La reactivación de la economía para lograr nuevos índices de crecimiento positivo con generación de empleo es la tarea fundamental del nuevo Gobierno boliviano. El país requiere de un modelo de indicadores que cumpla un trabajo de gobernabilidad democrática, de diálogo y de concertación, y que, además, establezca un equilibrio dinámico entre las demandas sociales y las respuestas gubernamentales, para así generar estabilidad política, económica y laboral.
“El Gobierno tiene muchos desafíos, entre los que podemos mencionar que son de carácter urgente es poner en marcha un plan agresivo de reactivación económica orientado a la oferta, es decir, al sostenimiento de la producción y el empleo actual, en el que los resultados positivos se evidencien en los próximos 100 días”, exteriorizó el economista José Alberti, director socio de Investo SRL. Caso contrario se ingresaría en una espiral de convulsión social, la falta de empleos y de ingresos llevaría a las familias a exacerbar la pobreza, inclusive presentar olas de crímenes en las ciudades a escala nacional.
Alberti lamentó que uno de los sectores más golpeados en esta recesión económica haya sido la industria de la construcción y coincidió con el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Luis Bustillo, al explicar que al primer trimestre de 2020 la contracción acumulada del Producto Interno Bruto (PIB) en construcción fue de -19,71% y al segundo trimestre se desplomó en -50,95%.
La pandemia impidió por meses el trabajo de las empresas, “para dar inicio a las actividades se incurrió en costos no contemplados, para asegurar la salud de los trabajadores, gastos extraordinarios difíciles de sostener por la falta de pago de planillas de avance de obra”, dijo Bustillo.
En ese sentido, urgen políticas sectoriales, previamente coordinadas con los sectores productivos y el sistema de intermediación financiera, para aliviar a los sectores. En primera instancia, se debe sostener los empleos actuales y luego volver a la senda de crecimiento económico bajo una nueva normalidad. Cabe destacar que para el rubro constructor la obra pública debe ser técnica y no política, por lo que es imprescindible una política de Estado constante y continua, no una propuesta de gobierno de turno.
A su turno, el presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Asieme), Gonzalo Maldonado Rojas, explicó que el mayor desafío para el Gobierno es lograr una estabilidad económica e ingresos similares a los que Bolivia recibió en 2019. “Un PIB del orden de 40.000 millones de dólares no será posible, porque la crisis de salud ha desembocado en una económica y, desde luego, la crisis regional afectó en la demanda de materias primas referidas principalmente a hidrocarburos”, agregó.
Otro aspecto urgente es generar proyectos de construcción con alta incidencia de mano de obra en incorporar a miles de bolivianos que quedaron en la calle. Un punto importante para Maldonado es revisar el sistema de contratación, para dar dinamismo a la actividad empresarial nacional, “algo así como la nacionalización de obras públicas, de esta manera fortalecer y dar confianza del Estado a las empresas nacionales”.
Caboco propone una agenda de trabajo
El ingeniero Bustillo manifestó que la propuesta considera el fortalecimiento de tres aspectos: económico, normativo y laboral. El primero implica recursos para el pago de obligaciones por proyectos concluidos y en ejecución, y para la reactivación de la obra pública a través de la contratación de empresas nacionales.
El segundo se refiere al desarrollo de una nueva norma de contrataciones de obras públicas que permita un proceso de licitación y de ejecución con transparencia, seguridad jurídica y eficiencia. En cuanto a lo laboral, pidió un diálogo entre el Gobierno Central, el sector laboral y la empresa privada para delinear la relación y la norma de forma consensual.
Asimismo, solicitó consensuar la cancelación del aguinaldo de esta gestión y trabajar con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para el pago de obligaciones impositivas. “Las compañías constructoras requieren liquidez para cumplir con sus objetivos contractuales, laborales, financieros y tributarios. Las unidades ejecutoras del Gobierno Central y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), por obligación y responsabilidad, deben incluir en su Plan Operativo Anual (POA) de 2021 los adeudos y presupuestos”, declaró.
Demandas para impulsar la construcción
El representante de la Asieme, entidad que promueve proyectos de infraestructura en Cochabamba, señaló que el nuevo Gobierno debe revisar la normativa del sector, tanto en preinversión como inversión, para que el porcentaje de participación de las empresas bolivianas sea de mayor importancia. Es imprescindible que el Estado, como factor de generación de empleo, busque mecanismos de flexibilización de garantías a las compañías nacionales.
Además, mencionó que es urgente que se fortalezca los sistemas de fiscalización en obras públicas, se contrate los mejores recursos humanos, con alta idoneidad y experiencia, y que sean profesionales del rubro para lograr eficiencia en las inversiones. “El Gobierno debe continuar los proyectos con financiamiento externo multilateral o con organismos de financiamiento externo. Es necesario que las obras contratadas con recursos propios realicen un balance entre lo técnico y financiero, para corregir las deficiencias (…), lo que permitiría reponer la actividad económica al país”, detalló.
En tanto, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) plantea una agenda para que el Gobierno reactive la economía nacional y del sector constructor, al igual que para superar cuellos de botella que dificultan el desarrollo del trabajo. “Esperamos tomar contacto, a la brevedad posible, con las autoridades, especialmente con el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para hacer conocer nuestras propuestas y construir una agenda de trabajo hacia el futuro”, informó el presidente de la institución, Aldo Sülzer.
Entre los temas prioritarios se encuentran la puesta en marcha de un plan de inversiones masivo en proyectos de inversión pública que tengan alta demanda de mano de obra, que permita sostener la demanda agregada de la economía nacional; la cancelación de deudas por parte de las instituciones públicas con las constructoras por planillas de avance de obra impagas; y la reactivación de programas de inversión pública con nuevos proyectos y el reinicio de los que quedaron paralizados como consecuencia de la pandemia del sector público, a través de sus tres niveles de gobierno.
