La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) emitió un pronunciamiento sobre la sentencia constitucional 0076/2023 que declara la nulidad de varios artículos referidas a declarar unidades de conservación, áreas protegidas de la Ley Departamental 98 de Santa Cruz.
La institución instó a defender y conservar a ultranza los recursos naturales y el medio ambiente. «Para ello contamos con numerosos expertos idóneos en derecho, ingenieros y profesionales en todas las disciplinas para diseñar la mejor estrategia de defensa, tenemos a la institucionalidad cruceña y del país para defender las áreas protegidas en cada departamento. En estos momentos, miles de bolivianos están sufriendo por la aguda escasez de agua, perdiendo cultivos, animales, sistemas de producción y forma de vida», indica el comunicado.
El documento sostiene que se debe interponer todos los recursos legales y técnicos posibles, llegar a tribunales internacionales para frenar este atropello, «pero no podemos permitir que los radicales nos lleven a la confrontación o la convulsión social, cuando necesitamos con urgencia estabilidad para construir desarrollo»
Asimismo, refiere que algunos juristas han señalado que la Sentencia del Tribunal Constitucional viola la propia Constitución del Estado y principios de la Constitución sobre la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, además de acuerdos con la comunidad internacional, como el de cambio climático, el de biodiversidad, entre otros.
«Actuemos rápido, concentremos la energía, la fortaleza de la institucionalidad, la conciencia de la ciudadanía y la inteligencia colectiva en buscar alternativas pensando en el bien común y en la región, en presentar opciones concretas, viables, para contrarrestar este atropello de quienes pregonan la defensa de la madre tierra, la negligencia de nuestras autoridades y el interés de los radicales que por móviles político partidarios buscan generar conflictos con cualquier bandera, precisamente porque no están trabajando por Santa Cruz y por su gente, por solucionar problemas urgentes que afectan a la calidad de vida y frenan el progreso», señala el documento.
