La Cámara de la Construcción de Santa Cruz y los constructores del departamento realizaron este lunes un Tractorazo exigiendo el reajuste de precios, como medida para garantizar la continuidad de las obras, la sostenibilidad de las empresas y de miles de empleos.
Las empresas movilizaron maquinaria y vehículos en la Avenida Cristóbal de Mendoza, al frente del Colegio La Salle, y contaron con el respaldo de los ejecutivos de la Federación Sindical de Trabajadores en Construcción de Santa Cruz, para demandar al gobierno que no demore más la promulgación del Decreto de Reajuste que ya lleva varias semanas de análisis en mesas técnicas de trabajo entre los constructores y el Gobierno y que a la fecha está trabado en el Ministerio de Economía.
El gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Javier Arze, informó que el sector constructor inició movilizaciones a nivel nacional ante la falta de respuesta del Gobierno a sus demandas, luego de cuatro meses de mesas de trabajo sin resultados concretos.
Arze explicó que el pasado viernes se realizó una reunión del sector en la que se determinó asumir medidas a nivel nacional, debido a que el compromiso del Ejecutivo de emitir el Decreto no se cumplió en el plazo acordado. “Venimos cuatro meses trabajando en mesas de diálogo con el Estado y lamentablemente no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio de Economía. Son cuatro meses donde las empresas han estado prácticamente subvencionando al Estado en la construcción de obras a nivel nacional”, afirmó.
El representante del sector señaló que el acuerdo establecía que en febrero se contaría con un documento final para su aprobación en gabinete, lo que no ocurrió, situación que derivó en las movilizaciones que comenzaron en distintas ciudades del país.
Según Arze, la falta de actualización de precios y la demora en las decisiones gubernamentales está poniendo en riesgo la continuidad de varios proyectos, lo que podría derivar en la rescisión de contratos.
También advirtió que la situación es crítica, tomando en cuenta que la construcción genera alrededor de un millón y medio de empleos directos e indirectos en Bolivia, por lo que cualquier paralización tendría un fuerte impacto económico y social.
“La industria de la construcción en Bolivia está en crisis y lamentablemente no hemos tenido una respuesta del Ministerio de Economía. Estamos revisando contrato por contrato para ver el efecto que va a tener el silencio y la falta de trabajo conjunto con el Gobierno”, manifestó.
