El sector constructor de Bolivia está realizando esfuerzos titánicos para finalmente reactivarse y aspirar a un crecimiento genuino.
De acuerdo con un pronunciamiento de Cadecocruz, institución que aglutina a las constructoras cruceñas, la mayoría de las empresas del sector enfrentan una situación de crisis y de iliquidez por una sumatoria de factores entre los que se destacan:
– Deudas acumuladas del sector público en sus diferentes estamentos por concepto de planillas de avance de obra.
– Escasa inversión del gobierno central, gobernaciones y alcaldías en obras de infraestructura – Reducción de la inversión pública en infraestructura en 1.000 millones de dólares entre el 2022 y 2023, es decir 20% menos, de acuerdo al Presupuesto General de Estado.
– Baja ejecución presupuestaria del sector público en sus tres niveles, que en promedio no supera el 50% – Adjudicación de obras a empresas extranjeras, con los problemas que esto genera, desde incumplimiento de contratos, hasta pérdidas económicas para el Estado, daños a las constructoras bolivianas y a los trabajadores.
– Incremento en los precios de los materiales de construcción por la escasez de divisas.
– Inestabilidad política, económica y conflictos sociales que ahuyentan las inversiones y los emprendimientos.
Estos son algunos de los factores que están frenando las actividades de la construcción en el país, que actualmente sustenta 378 mil fuentes de empleo directos y alrededor de un millón y medio de empleos indirectos, además de dinamizar otros 17 sectores de la actividad económica.
En este escenario, un incremento salarial resulta insostenible para el sector constructor y para cualquier actividad económica que trabaja en el marco de la formalidad. Igualmente afectará al sector público con el aumento del gasto corriente.
Los análisis de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz y su Centro de Estudios Económicos y Desarrollo, evidencian que un incremento de los salarios mínimo y básico, se multiplica exponencialmente y llega hasta el 41,7%, considerando que también suben los porcentajes de las obligaciones sociales como aportes a la Caja de Salud, AFP o Gestora, Pro vivienda, Subsidio Pre Natal y Post Natal, Provisión de Aguinaldo, Provisión de Indemnización y Bono de antigüedad, entre otras.
Con estos argumentos, los constructores ratifican que un incremento salarial es insostenible, imposible de asumir para muchas empresas, que se verían nuevamente obligadas a reducir drásticamente el número de trabajadores o al extremo de cerrar sus puertas.
Sostienen igualmente, que el incremento salarial debe ser resultado de un análisis técnico y tripartito, enmarcado en el Convenio 131 de la OIT ratificado por el Estado boliviano. El sector privado no debe ser excluido de las mesas de negociación donde es imperativo que se tomen decisiones con responsabilidad y visión de sostenibilidad, con el objetivo común de dinamizar la economía, alcanzar una reactivación efectiva con estabilidad laboral y generación de nuevos empleos.
