Las representantes de pueblos indígenas amazónicos de Bolivia, que participan junto a otros miembros de la delegación de Bolivia, denunció este jueves en la Segunda Asamblea Mundial por la Amazonía, que se desarrolla en la localidad de Belem, Estado brasileño de Pará, el deterioro del ecosistema de sus territorios y planteó una agenda de 10 puntos que presentarán al Estado boliviano.
“Estamos muy preocupados y queremos hacer conocer ante esta magna sala estos 10 puntos que hemos trabajado en Bolivia”, manifestó Vilma Mendoza, indígena mosetén y presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia.
La Segunda Asamblea Mundial por la Amazonía es un evento que se desarrolla en el marco del X Foro Panamazónico y que reúne a pueblos indígenas, movimientos sociales, redes, colectivos, activistas, instituciones y otras organizaciones con un objetivo común: compartir experiencias de distintos puntos de la Amazonía y analizar la situación crítica que sufre esta región debido a distintas problemáticas.
Mendoza explicó que la agenda de 10 puntos es fruto del Pre Fospa 2022, evento desarrollado a inicios de junio de este año en Bolivia, que reunió a distintos actores en pos de debatir sobre la realidad de la Amazonía boliviana y plantear demandas que presentarán, a través de una carta, al presidente Luis Arce.
“Como primer punto tenemos el cese de la deforestación y quemas ilegales que existen actualmente en Bolivia, ya que desde el 2016 al 2020 tenemos 1.3 millones de bosques incendiados y perdidos. Exigimos acciones efectivas para controlar y sancionar a los culpables, ya sean empresarios o a las políticas públicas del Estado que las implementa dentro de estos espacios”, dijo.
El segundo planteamiento apunta a la realización de evaluaciones de impacto ambiental para definir los perjuicios que generaría la producción de agrocombustibles y el incremento de la frontera agrícola. Asimismo, en el tercer punto, solicitan la suspensión de la exportación de productos que destruyen la Amazonía, así como regular las exportaciones que se basan en la deforestación y contaminación como la carne, la soya y el oro.
“De acuerdo a las políticas públicas, hoy en día esto se incrementa no solo en territorios colectivos y ríos de Bolivia, sino también en las áreas protegidas que son los bienes comunes de los bolivianos”, agregó.
En la agenda también se pide el garantizar la seguridad alimentaria dejando de lado el uso de transgénicos y agroquímicos ante la dependencia que esto generaría con las empresas multinacionales y la seria afectación a las semillas nativas.
“También, debemos liberar nuestros ríos del extractivismo minero. Mueren peces y se secan los ríos por la contaminación del mercurio a causa de la fiebre del oro. No solo no nos permiten la alimentación segura dentro de los territorios, sino que evitan que consumamos el agua de nuestros ríos. Ahora ya no encontramos ríos claros porque en esta temporada debería haber aguas cristalinas, pero por las dragas las aguas de nuestros ríos están turbias”, argumentó.
La abrogación de la ley que permite la construcción de la carretera por medios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el rechazo a la construcción de hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas y el cese del avasallamiento de los territorios indígenas, son otros puntos dentro de la agenda.
“No queremos proyectos que destruyan la biodiversidad, inunden nuestros territorios y desplacen a las comunidades”. Enfatizó Mendoza.
Finalmente, la representante indígena resaltó la necesidad de “efectivizar los derechos de la naturaleza”, dado que “Bolivia ha reconocido los derechos de la Madre Tierra, pero en la práctica no los respeta y persigue a los que la defienden”.
“Si bien hemos avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos, muchos aún sufrimos porque existe una total vulneración a estos derechos reconocidos”, alegó.
