El sector de la construcción vive momentos de gran tensión debido a que sus actividades se encuentran paralizadas desde hace más de un mes. La aparición del primer caso de Covid-19 en Bolivia el pasado 10 de marzo y la cuarentena establecida posteriormente el 17 de marzo derivaron en la paralización total de las obras y proyectos de construcción, tanto públicos como privados, que se desarrollaban en el territorio nacional, lo cual provoca pérdidas por aproximadamente Bs 3.000 millones “irrecuperables en el tiempo”.
A este dato estimado por el Centro de Estudios Económicos y Desarrollo (CEED) de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), se suman al menos 250 mil empleos que se encuentran en riesgo y que se pueden perder en el corto plazo, con las consecuencias sociales que implica este problema.
El Covid-19 llegó al país en un momento débil del desempeño del rubro. A decir del gerente general de Cadecocruz, Javier Arze Justiniano, el sector ya venía siendo golpeado por el proceso de desaceleración iniciado en 2016, y que en la anterior gestión llegó a su punto más álgido pues el crecimiento de la actividad constructiva fue de sólo 1,91% frente al 2,2% del total de la economía de Bolivia, situación que no se daba desde el año 2004.
Esta circunstancia era señal de alarma de una situación que de no corregirse podría tener importantes consecuencias para su funcionamiento y el nivel de empleo que genera. Actualmente, el 9% de la población ocupada del país se dedica a la construcción, que además genera encadenamientos de diferente tamaño y alcance con otros 17 subsectores económicos, por lo que las consecuencias para el país de su paralización son enormes.
“Para tener una idea aproximada de la magnitud, en este momento se encuentran paralizados proyectos de inversión pública que alcanzan los 7.000 millones de bolivianos”, agregó Arze.
En un comunicado, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se refiere a la “crisis” de las empresas constructoras ocasionada por deudas impagas que arrastran los gobiernos nacional y subnacionales, por el impago de planillas adeudadas de proyectos en ejecución, concluidos y entregados, que en muchos casos se extienden a más de nueve meses.
Franklin Pérez, presidente nacional de Caboco, indicó que 470 mil trabajadores corren el riesgo de perder sus fuentes de trabajo, mientras se siga de la misma forma y en cuanto no exista un pago efectivo de todas las deudas pendientes con el sector.
“La situación se ha vuelto insostenible, al punto que los empresarios de la construcción se ven en la situación de optar por despidos de personal a gran escala, cierre de sus empresas y por ende la falta de cancelación a todo el sector económico que depende de nuestro rubro, sumando la no cancelación de varias obligaciones tributarias, bancarias, laborales y municipales que nuestras
empresas tienen comprometido”, lamentó Franklin Pérez.
Asimismo manifestó que el pasado 7 de abril, después de una reunión a nivel nacional de emergencia y habiendo analizado las medidas emitidas por el Estado, “mismas que no son aplicables o viables para el apoyo, fortalecimiento y oportuna reactivación del sector de la construcción”, se declaran en emergencia nacional.
Agregó que es necesario que la presidenta Jeanine Áñez convoque de manera urgente a una reunión con el sector, con la finalidad de establecer las estrategias necesarias para la reactivación del rubro, “que es el único que puede dar estabilidad al empleo por ser un generador y dinamizador de bienes y servicios en más de 20 sectores de la economía, caso contrario la inestabilidad e inseguridad jurídica que tienen las empresas provocará sin duda un panorama aún más catastrófico para la economía del país”.
HAY QUE ACTUAR YA
La crítica situación que se avecina para el sector constructor por el riesgo del cierre de empresas pequeñas y medianas, con la pérdida de empleos que esto significaría, llevó a los constructores cruceños a plantear al Gobierno medidas de emergencia.
En un documento enviado al Gobierno nacional, Cadecocruz recomienda escoger aquellas medidas que otorguen flujo de caja y liquidez a las empresas para enfrentar el parón existente, y que con esos recursos puedan pagar sus cuentas y seguir en actividad. En este sentido, la institución propone las siguientes medidas:
1) Hacer un corte hasta el 31 de marzo de 2020 y que las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno cancelen todas las deudas que tienen con empresas por adquisición de bienes y servicios, que deberán estar pagados hasta fin del mes de abril, lo que supondrá unos Bs 5.000.000.000.
2) Postergar las presentaciones y el pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales hasta el mes de octubre de 2020.
3) Habilitar una línea de crédito de liquidez de emergencia de hasta Bs 7.000.000.000 a través del Banco Unión SA para entregar préstamos de apoyo a las empresas, priorizando a las pequeñas y medianas, para que puedan hacer frente a sus obligaciones entre los meses de abril y junio, a una tasa de interés del 1% con 5 años plazo y 1 año de gracia.
4) Limitar el incremento salarial del año 2020, tanto del haber básico como del Salario Mínimo Nacional (SMN), al 1.47% equivalente a la inflación del año 2019 para que los salarios no pierdan poder de compra pero que su subida no afecte en mayor medida la delicada situación de las empresas.
Con estas medidas, según Cadecocruz, se inyectará liquidez a las empresas para que honren sus compromisos hasta marzo y tengan un remanente de liquidez para enfrentar el período que viene.
“El pago de todas las deudas que tiene el Estado con las empresas y el acceso a los créditos de liquidez de emergencia deben estar unidos al compromiso de mantener su nómina de empleados, de la última declaración trimestral presentada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social”, indica.
Por otra parte, para mantener el empleo y en aquellas empresas que estén paralizadas y no generen ingresos, recomienda poner en marchaun Seguro de Cesantía a partir de abril de 2020 que otorgará un pago a esos trabajadores equivalente al Salario Mínimo Nacional de Bs 2.122, debiendo la empresa pagar las cotizaciones a la seguridad social y la administradora de fondos de pensiones (AFP). Esta medida puede tener un costo de aproximadamente Bs 650.000.000.
Con todas estas medidas, los constructores garantizan que el aparato productivo sobreviva a la crisis y emergencia sanitaria.
Urge reactivar la economía
Cadecocruz propone las siguientes medidas para ello: 1) Lanzar para el segundo semestre del 2020 un Plan de Inversiones de Emergencia por Bs 10.000.000.000 que permita la ejecución de obras y proyectos que sean intensivos en contratación de mano de obra y administrados a través de empresas privadas para que se vuelva a generar un flujo económico que reactive el resto de la economía nacional. 2) Dar una línea de financiamiento para las Gobernaciones y Gobiernos Municipales por aproximadamente Bs 5.000.000.000 para que sigan prestando servicios públicos y continúen con sus programas de inversión. 3) Continuar con todos los proyectos de inversión pública. 4) Determinar que por los próximos dos años todas las adquisiciones y contratos de prestación de obras y servicios públicos se suscriban sólo con empresas nacionales.
